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El próximo viernes 25 de marzo tendrá lugar la primera manifestación impulsada por la Plataforma JAVIISS (Jubilación Anticipada Voluntaria en Instituciones Sanitarias y Sociosanitarias) una organización formada por trabajadores de diferentes instituciones sanitarias que llama al sector sanitario y sociosanitario a concentrarse para pedir la anticipación de la edad de jubilación voluntaria en estos trabajadores. Con esta manifestación pretenden que el Gobierno permita que estos profesionales se puedan jubilar a los 60 años sin penalización económica, atendiendo a razones de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad de las condiciones del trabajo, así como una elevada morbimortalidad en el sector y a la merma en sus capacidades físicas y psíquicas para desarrollar la actividad con edades avanzadas.

Según SATSE y el CGE, esta nueva FP supone una merma en la calidad de la atención que reciben las 400.000 personas que viven en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios pues en realidad se trata de una solución de bajo coste a la falta crónica de profesionales sanitarios cualificados, una salida que compromete el futuro de la atención a una población de edad avanzada y aquejada de dolencias crónicas como es la española. “La impugnación de la norma refleja la incoherencia de que se cree una figura no sanitaria para controlar y tutelar a unos profesionales sanitarios perfectamente cualificados para acometer sus funciones en las residencias. En resumen, se oferta una nueva titulación con capacidad para intervenciones sanitarias como los “cuidados básicos de enfermería” cuando ya existen profesionales sanitarios con un grado universitario que proporcionan esos cuidados que son las enfermeras y enfermeros”, señalan. El Consejo General de Enfermería y SATSE creen que no es necesario que se incorporen nuevas titulaciones sino que se refuercen las plantillas del ámbito sociosanitario y se cuente con los profesionales ya existentes. La falta de enfermeras en las residencias se explica por el déficit crónico de profesionales en nuestro país, un número de enfermeras y enfermeros “a años luz” de países de nuestro nivel socioeconómico, pero también por las precarias e indignas condiciones laborales y salariales que se ofrecen en el ámbito sociosanitario y que desincentivan la contratación de enfermeras. Las dos organizaciones confían en que los tribunales no permitan el desarrollo de esta cualificación profesional que tanto perjudica a los más vulnerables, los mayores, en los centros sociosanitarios desde un principio, y reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que reflexione y que, frente a soluciones improvisadas que solo generan desconcierto y desazón asistencial y profesional, así como a la renuncia de la calidad de la atención, apueste por las enfermeras como referentes en cuidados y por potenciar la figura de la enfermera especialista en Geriatría y Gerontología como coordinadora de esos cuidados en los centros sociosanitarios. “No tiene ningún sentido crear nuevas titulaciones y categorías. Eso no va a suponer ninguna mejora en la atención a las personas mayores, sino que se busca simplemente ahorrar costes a la vez que cronifica las condiciones laborales precarias en un sector clave para atender las necesidades de la población más vulnerable”, subrayan. Por último, SATSE y el CGE entienden que el Gobierno busca también satisfacer los deseos de la patronal que gestiona el 75 por ciento de las residencias de mayores en nuestro país, dado que el perfil profesional que ahora se pretende establecer para realizar cuidados básicos de Enfermería les va a resultar mucho más barato a los empresarios del sector y, con ello, un aumento de sus beneficios empresariales.

La Mesa de la Profesión Enfermera (compuesta por el Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse) denuncia la peligrosa medida que quiere llevar a cabo la Generalitat de Cataluña, contando con personal no cualificado para administrar la vacuna contra el Covid-19. Esta medida, propuesta por la Dirección General de Profesionales de la Salud, supone una agresión sin precedentes a la profesión enfermera y es contraria a la legislación vigente. Además de atentar contra las competencias de las325.000 enfermeras y enfermeros del país y poner en riesgo la óptima aplicación de las vacunas, supone un riesgo innecesario no sólo para la seguridad de los futuros vacunados, sino también para la de los propios trabajadores no cualificados, a quienes se induciría a cometer un presunto delito de intrusismo. La Mesa advierte que, si bien la prioridad absoluta es garantizar la seguridad del paciente, no se puede olvidar que el incumplimiento de la norma a sabiendas, como es el caso, podría suponer un presunto delito de prevaricación en algo tan sensible como es la salud de las personas. El firme rechazo de la Mesa de la Profesión Enfermera viene motivado tras el envío de una nota informativa por parte de la directora general de profesionales de la Salud de la Generalitat, Montserrat Gea, en la que expresa que la vacunación es en estos momentos el único método para paliar la pandemia y para ello pretende recurrir a personal no cualificado, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos y también la integridad de los profesionales. La Mesa de la Profesión Enfermera recuerda también a las enfermeras y enfermeros de Cataluña que la administración de la vacuna Covid-19 es un acto profesional no delegable como así lo acredita numerosa jurisprudencia al respecto y también pide que no accedan a delegación alguna en personal no cualificado, puesto que podrían estar siendo cómplices de un presunto delito de intrusismo. Es necesario recordar también que esta medida no le excusa de la responsabilidad civil y profesional que el acto de vacunación conlleva, aunque lo haya realizado otro personal no cualificado. Durante los últimos siete meses, las enfermeras han demostrado que pueden y que deben gestionar ellas la mayor campaña de vacunación de la historia. Con casi 58 millones de dosis administradas y un 58,6% de la población con la pauta completa, la institución enfermera considera inadmisible que las administraciones públicas menosprecien de esta manera el trabajo realizado en este último año y medio de pandemia. La Mesa de la Profesión está estudiando todas las acciones de denuncia posibles para frenar esta tropelía y ataque sin precedentes hacia la profesión enfermera en Cataluña. “Estamos en un momento crucial para lograr hacer frente al Covid-19 y no podemos permitir que desde ningún gobierno, en este caso el catalán, se desprecie de esta forma el trabajo realizado. De momento, tenemos constancia de que la norma no se ha puesto en marcha, pero no se debe imponer que personal no cualificado realice competencias para las que no están habilitados ni legal ni profesionalmente, sino centrarse en contratar a las enfermeras y enfermeros necesarios para llevar a cabo esta actividad asistencial. Tal y como se desprende de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la competencia de la vacunación corresponde a las enfermeras y así debe seguir siendo. Nuestros compañeros y compañeras realizan una labor encomiable en todo el proceso y deben seguir haciéndolo en la lucha contra el virus. Al fin y al cabo, tanto en los hospitales como en los centros de salud, somos un equipo multidisciplinar en el que cada eslabón es imprescindible para continuar adelante”, afirman desde la Mesa de la Profesión. El seguro de responsabilidad civil no cubriría este acto Desde la Mesa consideran totalmente incomprensible esta medida sin antes hacer un llamamiento a la contratación de enfermeras, tal y como debería ser. “España tiene muchísimos enfermeros y enfermeras formados y lo que debería hacer la Generalitat es contratar a aquellos que sean necesarios para ello. Además, hay que recordar que el acto de la vacunación no es sólo el mero hecho de administrar la vacuna al paciente, sino que también requiere de unos conocimientos exhaustivos tanto para la preparación como para la administración, así como la vigilancia, seguimiento y atención inmediata ante cualquier efecto adverso provocado por la vacuna. Las enfermeras son las encargadas de realizar el acto profesional preciso, tienen unos conocimientos exhaustivos de la anatomía humana para evitar cualquier tipo de problemas y asegurarse de una correcta administración. Sin duda, lo que se necesitan son más enfermeras en la campaña de vacunación. Por lo tanto, deben proceder a la contratación inmediata de las mismas como están haciendo en otras comunidades autónomas”, subrayan la Mesa de la Profesión. Por otra parte, las enfermeras recuerdan que el seguro de responsabilidad civil en ningún caso cubriría responsabilidades que se deriven de las complicaciones o problemas ocasionados por este tipo de actuaciones, realizadas por profesionales que no están habilitados para ello. Por último, desde ambas instituciones exigen la anulación inmediata de la instrucción, confiando que la misma haya sido fruto de atender más a cuestiones políticas y económicas que a proteger la seguridad del paciente y la calidad asistencial a la que está obligada Cataluña como garante de la salud de más de ocho millones de habitantes.